Juego clandestino: convocan a una audiencia imputativa al senador provincial Armando Traferri

Los fiscales que investigan la causa de juego clandestino que motivó la destitución de dos de sus pares, convocaron a audiencia imputativa al senador provincial Armando Traferri, bajo sospecha de que el legislador tuvo algún tipo de participación en la asociación ilícita investigada. Su comparecencia, al tener fueros, solo podrá ser voluntaria, y está convocado para este viernes en el Centro de Justicia Penal.

La citación a la audiencia es en el marco de la causa caratulada "Serjal, Patricio y otros s / cohecho y otros". La notificación es para que compare personalmente el viernes a las 9 munido de su DNI ante la Agencia de Criminalidad Organizada "a fin de saber el hecho y las evidencias en su contra y prestar declaración si así lo deseare". La carátula de la causa alude al ex fiscal regional Patricio Serjal, preso desde agosto pasado, acusado de integrar una asociación ilícita cuyo rol era impedir investigaciones penales contra el juego ilegal a cambio de dinero.

El senador Armando Traferri dejó trascender a través de su abogado, que la mención de Ponce Asahad es una infamia y un vuelto político en su contra del ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

La determinación de citar al senador por el departamento San Lorenzo, proviene en el contexto del trámite que se dinamizó con la declaración aportada el viernes por el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad, preso desde agosto por formar parte de una red de protección al juego clandestino en la provincia, quien aportó detalles de un esquema que implica en forma regular a este delito con miembros de otros poderes del Estado santafesino.

Los fiscales basan su planteo en el artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, que regula los trámites de la Justicia Penal. Este apartado refiere al desafuero y señala que cuando hubiera mérito para formular acusación respecto de un legislador o miembro de una convención constituyente, el fiscal se abstendrá de hacerlo y así lo declarará por requerimiento fundado, solicitando a la Cámara o cuerpo respectivo el desafuero correspondiente. Pero el artículo aludido indica que al legislador o convencional afectado "podrán recibírsele a éste las explicaciones y pruebas que quiera proporcionar. A tal efecto podrá llamárselo a prestar declaración, pero, si no concurre, no podrá forzárselo".

Fuente: La Capital de Rosario

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