Un duro informe hecho por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal indicó cuáles eranlas condiciones en la que se encontraba César Muga, el agente policial que se encontraba detenido por un femicidio ocurrido contra su ex pareja en barrio Nueva Esperanza.
El documento repasa las actuaciones de la defensora Leticia Feraudo y pone en foco la atención recibida por el Sistema Penitenciario de la provincia y la Justicia en su conjunto.
El recuento de hechos comienza el 1 de agosto de 2025, cuando se advirtió sobre problemas psiquiátricos previos que no habían sido tratados. A partir de octubre, la Junta Especial de Salud Mental (JESM) emitió reportes alarmantes donde se describía una “angustia de gran intensidad” e “ideas de muerte”.
Además indicaron que la internación era indispensable. Sin embargo, Muga nunca fue internado y el Servicio Penitenciario se limitó a remitir informes genéricos sin concretar un abordaje intensivo.
Los últimos días también hubo avisos
La cronología llega al 19 de enero pasado, dos días antes de que Muga concretara su quita de vida. Ese día se realizó una audiencia de habeas corpus. Allí, la defensa advirtió al juez Gustavo Urdiales sobre el “riesgo suicida acreditado” y la existencia de una alternativa de internación en el Hospital Sayago. puesto que había tenido un primer intento de suicidio a través de la ingesta de pastillas.
El magistrado rechazó el pedido argumentando que el detenido estaba recibiendo atención en el penal, decisión que el informe califica ahora como una “omisión grave” de la tutela judicial efectiva.
Las claves del reclamo
El escrito de la defensa sostiene que hubo un incumplimiento del “deber reforzado de cuidado” que el Estado tiene sobre las personas privadas de su libertad. Entre los argumentos principales se destacan:
Desconocimiento de advertencias técnicas: Se ignoraron los informes que alertaban sobre un “riesgo cierto e inminente”.
Falla en la vigilancia: El Servicio Penitenciario sabía de los intentos de autólisis previos y no articuló una respuesta adecuada.
Responsabilidad internacional: Se señala que el Estado vulneró la Constitución Nacional, la Ley de Salud Mental y las Reglas Mandela.
