El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe deberá designar en los próximos días a un nuevo fiscal para liderar la reapertura de la causa contra la empresa Moderno House. La firma es investigada por presuntas estafas reiteradas en la construcción y entrega de viviendas prefabricadas en la capital provincial y localidades de la región.
La medida se tomó luego de que la fiscal general, Cecilia Vranicich, resolviera reabrir la investigación que había sido archivada en abril por el entonces fiscal de Delitos Complejos, Federico Grimberg (con el aval del regional Jorge Nessier), quien consideraba que se trataba de un incumplimiento contractual civil y no de un delito penal. Sin embargo, el abogado querellante, Ignacio Chigal, recurrió la decisión y la jefa de los fiscales le dio la razón.
Las claves para desarchivar el expediente
Para Vranicich, existen elementos suficientes para sospechar que hubo un posible ardid o engaño deliberado para defraudar a las víctimas con la promesa de casas que nunca se entregaron.
Con la reapertura, la fiscal general ordenó avanzar sobre dos puntos clave:
Antecedentes internacionales: Investigar si el titular de la firma, Gabriel Segovia, registra antecedentes por maniobras similares con una empresa en Uruguay.
La ruta del dinero: Tomar nuevas entrevistas comerciales para determinar el destino de los fondos millonarios cobrados a los clientes y constatar si se desviaron a otros negocios, como un local gastronómico en Sauce Viejo vinculado al sospechoso.
Dos imputados y una estafa millonaria
La causa penal se inició en 2024 tras las denuncias contra el responsable de la firma, Néstor Gabriel Segovia, y su pareja, Camila Dos Santos Rizzi. Ambos fueron imputados por percibir adelantos económicos e incluso pagos totales de los damnificados sin la voluntad real de ejecutar las obras pactadas.
El perjuicio económico: Al comienzo del proceso judicial, el daño patrimonial denunciado por las víctimas de Santa Fe y zonas aledañas se estimaba en unos 27 millones de pesos.
El caso había sumado marchas y contramarchas, incluyendo un paso por el Área de Solución Pacífica de Conflictos (ASPAC) donde solo una de las partes logró un acuerdo. El resto de los damnificados rechazó la conciliación y exigió profundizar la vía penal, un camino que ahora se reactiva con la búsqueda de un nuevo director para la investigación.
